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Enrique Mendoza exigió celeridad al juez que ve el recurso de amparo del Ministerio de Defensa. Carlos Rivera y Samuel Abad cuestionan sus declaraciones y dicen que la nueva ley del SMO es inconstitucional.
María Elena Castillo
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, demandó al juez del Primer Juzgado Constitucional, que resuelva con celeridad el pedido del Ministerio de Defensa contra la medida cautelar que paralizó el sorteo del servicio militar. Acto seguido, expresó que discrepa de su resolución inicial y piensa que la normatividad sobre el servicio militar no es discriminatoria.
"Hay que exigir celeridad; la misma con la que ha actuado ese juez, debe responder, porque son herramientas que el Estado o cualquier particular debe ejercer, cuando hay una resolución que considera inadecuada", manifestó.
De inmediato puntualizó que si bien la resolución debe respetarse "mientras esté vigente", él tiene discrepancias con la decisión.
Indicó que no está de acuerdo con la decisión del magistrado, pues todos los ciudadanos deben servir a su país en algún momento. Además, opinó que todos deben hacer el servicio militar y que la normatividad no es discriminatoria.
"Si la ley está dada, hay que tratar de acatarla en lo posible", dijo, y agregó que no cree que sea discriminatoria, pues "de lo contrario hay que eliminar todas las multas que no se puedan pagar".
Mendoza aseguró que "no se trata de libertades", en tanto que Naciones Unidas considera que hay actividades que no son exigiblemente remuneradas, como en caso de catástrofe de servicios militares, entre otras.
Al conocer esas declaraciones, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, señaló que Mendoza no debió pronunciarse sobre el tema de fondo, pues adelantó opinión y podría implicar una preocupante presión.
"Si el máximo representante del Poder Judicial expresa que la ley no es discriminatoria, puede ser considerado como una injerencia en un proceso que está en trámite. Eso es inaceptable", manifestó.
En esa línea, el abogado constitucionalista y ex defensor adjunto Samuel Abad cuestionó el pronunciamiento del presidente del Poder Judicial. "Debió abstenerse, pues es un tema que se está viendo en el juzgado, pues genera controversia. Los canales institucionales son los que deben resolver el asunto", expresó.
CUERDAS SEPARADAS
Abad explicó que el recurso de amparo que la Defensoría del Pueblo presentó contra el servicio militar por ser ilegal y discriminatorio sigue su procedimiento en el Primer Juzgado Constitucional, instancia que en forma independiente verá la oposición que el Ministerio de Defensa presentó contra la medida cautelar que paralizó el sorteo previsto para el miércoles pasado.
Indicó que en este caso no hay plazos establecidos y el juez puede pedir a la Defensoría del Pueblo que se pronuncie antes de resolver el pedido del sector Defensa.
En tanto, el procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, indicó que aún no han sido notificados sobre la oposición interpuesta.
Dijo que están preparando la respuesta al recurso de amparo, la cual debe presentar a más tardar el martes próximo.
